Las manifestaciones más multitudinarias que ha vivido la historia democrática de nuestro país se iniciaron por las acciones de un grupo de jóvenes que expresaron, con su protesta organizada, la frustración que sus familias, padres, madres y abuelos han sentido por años, frente a la desigualdad, el abuso, la injusticia y la postergación social.

Estas y estos adolescentes, en ejercicio de sus derechos, fueron capaces de organizarse y expresarse libremente, para servir de espejo y de empuje al resto de la sociedad chilena, representando sus dolores, pero también su diversidad, sus alegrías y esperanzas. El Estado de Chile les debe, no solo reconocimiento y protección, sino también la generación de espacios reales de participación, que también incluya a niños y niñas más pequeños, para que todos puedan contribuir, desde sus capacidades, grados de madurez y de manera autónoma, a la construcción de un Nuevo Pacto Social que les integre, verdaderamente, como sujetos de derecho y agentes claves de su propio desarrollo y del desarrollo de nuestro país.

La Defensoría de la Niñez hace un llamado a que el Gobierno de Chile, pero también todos los poderes del Estado, dispongan de instancias permanentes que recojan y atiendan la opinión de niños, niñas y adolescentes, generando mecanismos eficientes y efectivos que permitan que este Nuevo Pacto Social sea elaborado por, para y con ellas y ellos. Esta participación requiere, por ejemplo, que la información sobre cualquier proceso que involucre se difunda en un lenguaje simple y claro, acorde a la capacidad de comprensión de los niños, niñas y adolescentes, conforme a su autonomía progresiva y que en su construcción se contemplen metodologías innovadoras, que permitan identificar sus contribuciones, a través de canales acordes a sus niveles de desarrollo y capacidad.

Este llamado es especialmente urgente ya que los niños, niñas y adolescentes son permanentemente invisibilizados en el diseño e implementación de las políticas públicas, a pesar de ser los primeros en sufrir los efectos de la desigualdad y el abandono del Estado en el deber que éste tiene de asegurarles el ejercicio efectivo de derechos tan claves como la educación, salud, vivienda, recreación, deportes y cultura. La desigualdad y falta de dignidad, que están a la base de esta movilización social, comienzan al nacer y como país no podemos perder esta oportunidad de lograr, efectivamente, hacerlos visibles y permitirles contribuir con sus simples pero contundentes aportes al desarrollo nacional.

Es por lo anterior que, como Defensoría de la Niñez, insistimos en que se requiere, de manera urgente, un trabajo político transversal, que integre la participación efectiva de la sociedad civil, la academia, las organizaciones comunitarias y, también, de grupos que representen a los más vulnerables, entre los que sin duda se encuentran los niños, niñas y adolescentes en su máxima diversidad y sin discriminación, para diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

Cualquier Nuevo Pacto Social debe ser construido de manera participativa y sin exclusiones, y cualquier agenda legislativa debe partir, por ejemplo, por retirar proyectos como el control preventivo a adolescentes, que atacan directamente a este grupo especialmente protegido e infringen los compromisos asumidos por el Estado de Chile, violando los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, una institucionalidad que dé respuesta efectiva a las demandas que se han expresado en este histórico momento, debe hacerse reestructurando y tramitando, de manera urgente, un proyecto de ley de garantías que asegure, de manera real y a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, sin exclusión alguna, el ejercicio efectivo de todos sus derechos, previniendo la vulneración de éstos y brindándoles protección efectiva, estableciendo una sólida y robusta institucionalidad con riguroso despliegue local y territorial en todo el país, concretando así la implementación de una política pública universal, que asegure la interseccionalidad e intersectorialidad, la participación directa de los propios niños, niñas y adolescentes, contenga mecanismos de exigibilidad del cumplimiento de sus derechos y cuente con presupuesto suficiente para que lo que se compromete en los discursos tenga correlato en la realidad individual de cada niño, niña y adolescente que vive en nuestro país.

Este Nuevo Pacto Social no puede dejar de considerar, además, y como elemento imprescindible, la entrega de presupuesto suficiente a las instituciones que, como la Defensoría de la Niñez, han nacido para proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. La existencia de órganos autónomos de derechos humanos es fundamental para lograr que quienes se ven obligados a demandar de nuestra acción, porque han sido gravemente vulnerados por agentes del Estado, tengan una respuesta oportuna y eficiente que les permita saber que en Chile existe institucionalidad que les protege, sin exclusión ni discriminación.