Después de casi 6 años de tramitación en el Congreso, el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el pasado miércoles finalizó el tercer trámite constitucional con la aprobación por parte de ambas Cámaras del informe emanado de la Comisión Mixta. Sin embargo, ese mismo día, el Poder Ejecutivo anunció el uso de su facultad de veto, por estimar que el principio de autonomía progresiva quedó desbalanceado respecto al derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos.

“Es muy lamentable e incomprensible que, a más 30 años de ratificada la Convención de los Derechos del Niño por parte del Estado de Chile, el Poder Ejecutivo siga impidiendo que esta vergonzosa deuda pendiente con niños, niñas y adolescentes sea saldada, impidiéndoles ser reconocidos y tratados como sujetos de derecho”, dice la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, respecto del veto, agregando que la falta de este marco legal específico afecta de manera directa la vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, porque impide que las políticas públicas se construyan con un enfoque integral, transversal y concreto, en cumplimiento de los estándares de derechos humanos establecidos en la Convención.

Sobre las razones que arguye el Ejecutivo para presentar el veto, la Defensoría de la Niñez señala, enfáticamente, que los principios de autonomía progresiva, participación efectiva y el derecho deber preferente de los padres y/o madres a educar a sus hijos e hijas están completamente interrelacionados y que en ningún caso lo planteado por este proyecto de ley atenta contra ninguno de ellos ya que, muy por el contrario, éstos se fortalecen y conciben como elementos centrales para el desarrollo integral y armonioso de niños, niñas y adolescentes.

La institución señala que para que niños, niñas y adolescentes alcancen un óptimo desarrollo de sus capacidades y puedan ir ejerciendo sus derechos por sí mismos, de forma progresiva, requieren de la orientación de su entorno familiar, de modo que, correctamente implementado, el derecho y deber de criar a los(as) hijos(as) es una herramienta facilitadora al creciente desenvolvimiento personal, que no puede ni debe transformarse en una limitación a los derechos humanos de ellas y ellos.

Finalmente, la Defensoría de la Niñez insta al Poder Ejecutivo a poner en el centro de sus acciones, de manera real y efectiva, los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, evitando seguir retrasando la consideración y resguardo de éstos, en tanto sujetos de derecho, al privilegiar posiciones de grupos de adultos interesados que han impedido, año tras año, que este sistema de garantías, tan urgente como necesario, sea una realidad en nuestro país.