Accesibilidad >
Accesibilidad >
Santiago, 4 de marzo de 2022.- “Total de causas por Aula Segura aplicadas durante 2019 y 2020” es el nombre del segundo Informe de Política Pública realizado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. En él, se analizan todos los procedimientos efectuados bajo la Ley N° 21.128, de Aula Segura, en 2019 y 2020. Cabe recordar que dicha ley incorporó un mecanismo expedito de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa, estableciéndose el deber al Ministerio de Educación de informar a la Defensoría de la Niñez cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión. Así, basados en los datos enviados por el Ministerio de Educación, el informe muestra los resultados de su aplicación, según diferentes variables de caracterización.
Entre 2019 y 2020 se abrieron 1.135 procesos por Aula Segura, con 885 estudiantes involucrados, señala el informe. Aproximadamente un 5% (576) de los establecimientos educacionales de todo el país tuvieron procesos de Aula Segura y la mayor cantidad de procesos se produjeron en la Región Metropolitana, con un 35%, seguido de Valparaíso, con un 12%, y Maule, con un 8%. Además, las cifras entregadas muestran que muy pocos colegios, principalmente de la Región Metropolitana, tienen una concentración importante de procesos. Estos corresponden principalmente a colegios públicos denominados “emblemáticos”.
En cuanto a edad de los estudiantes involucrados, el análisis revela que el 50% de los procesos fueron en educación básica. Solo séptimo y octavo básico significan un 21% del total y se encuentran casos de procedimientos aplicados a estudiantes de primero básico.
En relación a los motivos, la causal con mayor cantidad de procesos es el hecho “Transgresión reiterada a las normas del establecimiento” (43%), seguido de «Agresiones físicas a otros estudiantes» (19%) y a «Agresiones físicas a docentes y/o asistentes de la educación» (13%)».
“Resulta muy preocupante cantidad de procesos de Aula Segura aplicados a estudiantes de educación básica, que la causal utilizada de manera preponderante corresponda al incumplimiento reglamentario interno, y que la concentración de procesos se produzca en un grupo particular de establecimientos. Este Informe viene a confirmar algunos de los riesgos que advertimos como Defensoría de la Niñez durante la tramitación de la ley, que definitivamente no está enfocada en el deber del Estado de efectivizar y asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación, en una contexto de no violencia, siendo ineficaz para resolver, a través de esta ley, los problemas de convivencia y seguridad dentro del aula”, dice Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.
Por otra parte, la Defensora de la Niñez añade: “en el ejercicio de nuestras funciones hemos identificado desprotección en los procedimientos administrativos que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes, como la reclamación por expulsión escolar ante la Superintendencia de Educación, cuestión atentatoria con el debido proceso respecto de su debida tutela judicial efectiva y especialización en esta sede administrativa”.
Un informe de política pública es un documento de corta extensión, que describe y analiza alguna información cuantitativa o cualitativa relacionada con alguna política pública, programa o acción que afecte a la niñez o adolescencia. Para ver este informe relacionado a la aplicación de Aula Segura, puedes visitar https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2022/03/Informe-de-Politica-Publica-N°2-Aula-Segura.pdf (visualizaciones estadísticas en https://www.defensorianinez.cl/observatorio/causas-de-aula-segura/ )
