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Santiago, 16 de diciembre de 2024.- A solo días de que el Ejecutivo presentara a la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes del Sename, la Defensoría de la Niñez difunde su Informe de Política Pública N°5 “Denuncias de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes que cumplen medidas de protección en proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, una publicación realizada por el Observatorio de Derechos de la institución y que evidencia los desafíos que se presentan al momento de prevenir una nueva ocurrencia de vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado sigue al debe.
El informe de la Defensoría de la Niñez realiza un análisis de las denuncias que informaron los proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entre los años 2021 y 2023, y que están relacionadas con hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra niños, niñas y adolescentes, mientras estos se encontraban en procesos de protección. En este marco, el organismo analiza la situación por cada región, tipo de delito, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y en residencias). Asimismo, realiza un análisis especial de las denuncias que identifican una eventual situación de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (ESNNA).
Como contexto, es importante explicar que las denuncias informan hechos presumiblemente constitutivos de delitos y que provienen de diferentes agentes que rodean a las víctimas, tales como familiares, de la comunidad, pares o funcionarios(as) de los proyectos. El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille advierte que “lamentablemente el informe da cuenta de una importante cantidad de niños, niñas y adolescentes que, aunque ya están bajo protección del Estado por una amenaza o vulneración de derechos, vuelven a ser víctimas una vez dentro del sistema que debería protegerles, reparar las consecuencias y evitar la ocurrencia de nuevas vulneraciones”.
El informe también indica que una de las hipótesis del aumento de las denuncias (situación descrita en detalle en la publicación) podría deberse a la aplicación del nuevo procedimiento y las circulares para levantarlas por parte del Servicio, así como por un mayor ingreso de niños, niñas y adolescentes al sistema, sin embargo, el alto aumento y el tipo de vulneraciones da cuenta de la necesidad de analizar en profundidad estos datos.
En la línea de cuidado alternativo residencial, durante los años 2021 y 2023 se evidencia que por cada víctima hay un total de tres denuncias en promedio. En 2023, el 43% de los casos de centros residenciales constatan violencia entre pares, junto con ello por cada 1.000 atendidos en el Servicio de Protección Especializada se identifican 78 víctimas, donde los centros residenciales tienen una tasa mayor, registrando 360 víctimas por cada 1.000 atendidos. En cifras generales, las regiones con las tasas más altas son Maule, Ñuble y Biobío; y en el caso de centros residenciales, las regiones con mayores tasas son Aysén, Antofagasta, Magallanes y Biobío.
Por otra parte, se evidencia un sesgo de género en las vulneraciones registradas, ya que el 62% de las víctimas identificadas en el 2023 son mujeres y el 44% tiene entre 14 y 17 años.
En relación al tipo de vulneraciones que se reconocen, el 68% de las víctimas son por delitos “contra la integridad física o psicológica”, seguido de un 32% por denuncias por delitos “contra la indemnidad sexual”.
El informe devela que los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización que los otros tipos de cuidado y programas, lo cual, señalan, corrobora la complejidad que tiene este tipo de atención, pero a la vez evidencia la paradoja de que la institucionalización se produce justamente por vulneraciones de derechos de alta gravedad, y es justamente en este contexto en el que se produce la revictimización. De todas formas, indican desde la Defensoría, es importante fijarse también en diversos hallazgos en relación a las familias de acogida, con vulneraciones de vínculos de sus familias de origen.
“Impedir una nueva ocurrencia de una vulneración es tarea de todo el sistema. Tenemos que tener cuidado en poner el foco sólo en el Servicio, porque, por ejemplo, este informe da cuenta de un alto número de denuncias por explotación sexual que son cometidas por agentes de la comunidad. Frente a esto el Servicio requiere el apoyo de otros actores tales como las policías, los gobiernos locales, servicios públicos y actores judiciales. El Servicio no puede asumir en solitario la tarea de la protección especializada, la que debe ser prioridad de todos los actores del Sistema de Garantías”, enfatiza el Defensor de la Niñez.
Respecto de ese tipo de violencia, la publicación muestra que durante el año 2023 se identificaron un total de 619 víctimas de explotación sexual que son niños, niñas y adolescentes. La región de Magallanes presenta una tasa significativamente alta con 13 víctimas por cada 1.000 atendidas, frente a una tasa nacional de 3 por cada 1.000. Por cada víctima de ESNNA, hay en promedio 4,7 de denuncias por diferentes tipos de hechos.
El informe ya fue entregado a las autoridades del Servicio de Protección Especializada y puede revisarse completo en https://observatorio.defensorianinez.cl/2024/12/11/informe5-denuncias-de-vulneraciones-spe/
