Santiago, 9 de julio de 2020.- La Defensora de la Niñez dijo lamentar el veto presidencial al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que ya había sido aprobado por el Congreso.

El veto, que es aditivo, supresivo y sustitutivo, apunta, entre otros ámbitos, a eliminar la disposición transitoria, acordada en Comisión Mixta, que condiciona el inicio de funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a la entrada en vigencia de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que lleva tres años en su segundo trámite en el Senado.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ante esto indicó que “resulta muy lamentable que el Ejecutivo haya optado por vetar esta ley, particularmente por tener dentro de los ámbitos del veto la eliminación de la norma que condicionaba el surgimiento del Servicio a la ley de garantías, toda vez que es imprescindible que ésta sea aprobada con extrema urgencia, para que guíe el comportamiento del nuevo servicio, ya que éste debe tener fiscalización, pero, sobre todo, mecanismos efectivos de prevención de vulneraciones y el establecimiento de claras responsabilidades en el ejercicio indelegable de la función pública que involucra la protección de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y vulnerados del país”.

Sobre otros de los puntos del veto, que se refiere a la responsabilidad solidaria de los organismos colaboradores frente a vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, calificándola de “desproporcionada”, Patricia Muñoz enfatiza en que “no se debe, por ningún motivo, reducir las exigencias y condiciones a cualquier organismo, público o privado, que desempeñe las acciones del Servicio, cualquier acción en ese sentido, sólo perpetuará la flagrante y persistente situación de vulneración de derechos que han debido enfrentar, por décadas, los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado”.

Patricia Muñoz indicó que la creación del nuevo Servicio de Protección Especializada debe estar, necesariamente, vinculado de manera directa a la Ley de Garantías, porque de otra manera no se logrará una transformación efectiva y urgente de promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, prevenir las vulneraciones a éstos y, sólo en aquellos casos en que la prevención no haya sido efectiva, entre en operación este nuevo Servicio que, como señala haber sostenido permanentemente, sin hacer una  reforma estructural, al menos erradique prácticas nocivas instaladas el modelo de intervención de SENAME. “La Ley de Garantías es urgente, prioritaria e indispensable, sólo ella permite que las familias, la sociedad y el Estado puedan conducir sus acciones con la claridad de lo que involucra la relación con niños, niñas y adolescentes, en tanto sujetos de derecho y no meros objetos de protección, ejecutando mecanismos eficientes de promoción de derechos, prevención de sus vulneraciones y estructurando, sobre la base de sus principios y derechos consagrados, las exigencias que debe cumplir del nuevo Servicio de Protección Especializada, mismo que no puede tener otro deber que el estricto y absoluto respeto de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y las familias de éstos, con quienes intervenir. El veto, tememos, finalmente mantenga un sistema evidentemente deficiente y, lo que es más grave, que no ha sido capaz de proteger conforme su mandato, sino que ha expuesto a la población más vulnerable y más vulnerada en sus derechos a más episodios de victimización”.

La Defensora aseguró que “Chile es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una Ley de Garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La falta de este marco legal específico afecta, de manera directa, la vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, porque impide que las políticas públicas se diseñen, implementen y evalúen con un enfoque integral, transversal y concreto, en cumplimiento de los estándares establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, por lo que seguir retrasando la urgencia de su surgimiento y la relevancia de su contenido, ahora en razón de este veto presidencial, sólo perjudica las posibilidades de atender y proteger, de manera efectiva, a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile ”

Finalmente, la Defensora de la Niñez puntualizó que “como institución seguiremos instando porque los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sean efectivamente respetados y porque las exigencias que impone al Estado de Chile la Convención sobre los Derechos del Niño sean debidamente cumplidas por todos los órganos del Estado y por la sociedad en su conjunto, a pesar de las dificultades que representa movilizar una cultura basada en la lógica adultocéntrica y a pesar de los mitos construidos por quienes, con intenciones fundadas en dicha misma lógica, pretende seguir viendo y tratando a los niños, niñas y adolescentes, incluso a los propios, como objetos de su propiedad, obstaculizando así, de manera profunda, su efectivo resguardo, protección y desarrollo armonioso e integral, en tanto sujetos de derechos, personas y no cosas, que son”.