Tras cinco años de tramitación en el Congreso, en el mes de enero por fin se promulgó y publicó la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que marca un hito al terminar con el Servicio Nacional de Menores, Sename, cuya parte de protección ya había sido asumida por el Servicio de Protección especializada, Mejor Niñez, que a su vez tiene dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

A fines de dicho mes las autoridades del gobierno pusieron en marcha la implementación de dicha ley, nombrando como Directora Implementadora a Rocío Faúndez.

Para la Defensoría de la Niñez, que participó activamente en el trámite legislativo entregando recomendaciones, es motivo de celebración este hito, ya que esta nueva normativa, además de crear el nuevo servicio, también introduce modificaciones a la ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes.  Esto significa que, bajo esta ley, se deberá entregar una intervención personalizada y especializada para los adolescentes o jóvenes imputados (que son investigados) por delitos y aquellos que cumplen sanciones de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), con el objetivo de favorecer sus procesos de reinserción social. El nuevo servicio estará a cargo del proceso de reinserción de los adolescentes que infringieron la ley.

La Defensoría de la Niñez ha destacado lo relevante de que este proyecto propusiera un cambio respecto del modelo de intervención, que busca dejar atrás la estandarización de respuestas para avanzar hacia la personalización y el acompañamiento. La institución ha participado activamente en la tramitación legislativa de esta ley, especialmente en su segundo trámite, etapa en la que asistió a todas las sesiones en que se debatió el articulado.

Entre varias recomendaciones de la Defensoría de la Niñez que se acogieron en el Congreso, se destaca que se hayan acogido las propuestas para fortalecer la posición de garante del Servicio de los derechos de sus sujetos de atención y para avanzar en la incorporación de un enfoque de derechos en la función de supervisión del Servicio transitando desde una mirada contractual hacia la efectivización del principio de supervivencia y desarrollo de los sujetos de atención.

La implementación del nuevo Servicio tendrá una duración de cuatro años y será progresiva por zona territorial, partiendo por el norte, luego el sur y para finalizar con la zona centro. Por su parte, se deben dictar cinco reglamentos para hacer la bajada a la ley.