Con el fin de generar y coordinar acciones para asegurar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran en contextos de desalojos de tomas y campamentos, la Defensoría de la Niñez convocó a una mesa de trabajo interinstitucional para agrupar a las autoridades de los organismos públicos que tienen responsabilidades en estas situaciones. A la instancia también se convocó a privados que han trabajado en la problemática. Todo ello, teniendo en consideración que en los últimos meses y dada la legislación vigente en el país, las cifras de familias desalojadas han ido en aumento.

A la primera sesión de dicha mesa, que se llevó a cabo la semana pasada, sólo asistieron los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Fundación Techo-Chile, pese a que también fueron convocadas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Asociación de Chilena de Municipalidades y Carabineros de Chile, entre otras.

“No sólo nos inquieta el notable aumento de casos de desalojo a familias en campamentos a lo largo del país que no se estarían ajustando a los principios establecidos por distintos tratados internacionales ratificados por Chile. Además, nos preocupa que temas tan complejos, en que los derechos de niños, niñas y adolescentes quedan en una situación muy vulnerable, no sean tratados como prioridad. Es lamentable que las altas autoridades convocadas no hayan atendido al llamado que hicimos desde la Defensoría de la Niñez. Es urgente que los organismos públicos estemos coordinados para entregar protección efectiva a esos niños, niñas y adolescentes”, declaró el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Avances de la primera sesión

En este primer encuentro, las instituciones participantes delinearon la forma de trabajo conjunto, acordando elaborar en un protocolo de desalojo orientado a la niñez y adolescencia. Este documento se confeccionará sobre la base de los lineamientos que cada organismo tiene para la temática, sumando también asesoría de otros expertos y contemplando tanto la vía administrativa, penal, civil y ley general de urbanismo y construcciones.

La directora del INDH, Consuelo Contreras, valoró el acuerdo para elaborar este protocolo y al mismo tiempo indicó que “en caso de ser inevitables, los desalojos deben cumplir una serie de requisitos en resguardo del derecho a la libertad personal y la seguridad individual. Esto significa que en todo momento deben tener un enfoque de derechos humanos, permitiendo el acceso a observadores neutrales, respetando los principios de proporcionalidad y necesidad en el caso de que se requiera el uso de la fuerza y garantizando que nadie sea víctima de ataques indiscriminados, especialmente las personas de grupos de especial protección”.

Contreras añadió que “nos preocupa que los desalojos conduzcan a situaciones donde se vulneren los derechos de los afectados por esta medida. Es por eso que las autoridades deben garantizar el acceso a elementos como alimentación, salud, abrigo, entre otros. Es nuestro anhelo que muchas más autoridades participen de esta instancia, porque es esencial adoptar un enfoque preventivo, adelantándose a las eventuales vulneraciones que se podrían generar en los desalojos”.

Pablo Undurraga, Subdirector Social TECHO – Chile señaló que «Es urgente abordar esta temática poniendo en el centro a las personas, con protocolos claros y bien establecidos. Lo que ha ocurrido en los últimos desalojos es inaceptable y no se puede repetir. Lejos de solucionar el problema, los desalojos sin soluciones de vivienda viables y procesos adecuados, exponen a las familias a vulneración de sus derechos y a situaciones de calle, hacinamiento, albergues o a llegar a otro campamento”

Además, el Defensor de la Niñez añadió que “esperamos que, en una próxima instancia, las autoridades que se ausentaron de esta primera reunión puedan unirse, ya que esta es una problemática urgente y en aumento, debiendo asegurarse una protección coordinada y con enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

La Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fundación TECHO- Chile advirtieron que han hecho observación de algunos desalojos desde sus funciones particulares. Esto último en consideración al alto riesgo al cual se ven expuestos niños, niñas y adolescentes en la vulneración de sus derechos en estos procedimientos. Este es un indicativo de que la profunda crisis habitacional que afecta al país repercute directamente en ellos y ellas y puede derivar en otros escenarios altamente alarmantes derivados del hacinamiento.