Defensora de la Niñez por presencia de niños en marchas mapuches: “Hay que lograr que la participación de niños, niñas y adolescentes en marchas no tenga como resultado la vulneración de sus derechos”


La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, destacó que el llamado a prevenir vulneraciones es hacia los padres y a las comunidades a las que pertenecen, pero especialmente hacia los órganos del Estado responsables de asegurar que, respecto de los niños, niñas y adolescentes, se resguarden y protejan sus derechosa participación y libertad de expresión.

 

Para exponer en el seminario “Sistemas de protección infantil: desafíos actuales en Chile”, organizado por la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de la Frontera, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, llegó hasta Temuco este jueves.

Tras su intervención sobre “La protección de la infancia en el país” en dicha actividad, Patricia Muñoz fue consultada por los medios sobre la participación de niños y niñas en las últimas marchas mapuches realizadas en la ciudad, tanto la del 20 de marzo como la del recién pasado 3 de abril, en razón de que se ha dicho que son “usados” como “escudos humanos” ante la presencia policial. Muñoz enfatizó que “los niños no pueden ser ‘escudos’ porque no son objetos, los niños son personas que tienen tantos derechos como los adultos. Desde ahí, lo primero que haría sería un llamado a las autoridades a dejar de utilizar esas expresiones que sólo desatienden el carácter de persona de un niño y lo cosifican”.

Desde la Defensoría de la Niñez argumentan que el hecho de que un padre o madre lleve a un niño a una marcha, no necesariamente implica una vulneración de sus derechos. Esto, porque la participación en manifestaciones de forma pacífica constituye un derecho humano reconocido para toda persona, incluidos los niños, niñas y adolescentes, por tanto, la presencia de niños en una manifestación pública no debiera representar una condición de riesgo, menos aún si se considera el contexto cultural al cual pertenecen.

“Hay que lograr que la participación de niños, niñas y adolescentes en marchas no tenga como resultado la vulneración de sus derechos. El llamado que hacemos es tanto a los padres y familias de estos niños, pero también a los organismos del Estado para que favorezcan, efectivamente, el ejercicio legítimo del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, sin exponerlos a vulneraciones de sus derechos, logrando un abordaje adecuado que no involucre, por ejemplo, el ejercicio injustificado de la intervención policial”, dice Patricia Muñoz.

A raíz de la primera marcha, realizada el pasado 20 de marzo, y la solicitud hecha por el Diputado Andrés Molina, Patricia Muñoz refiere que “respondimos a su requerimiento, porque hemos solicitado oficialmente información a las instituciones responsables de abordar los mecanismos de prevención”.  En ese sentido, la Defensoría de la Niñez ha puesto un especial énfasis en requerir información a la Subsecretaría de la Niñez, institución responsable de prevenir vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes, y de articular el intersector en favor de este objetivo y su cumplimiento; y además, en razón de las denuncias recibidas respecto del actuar policial en contra de los manifestantes, particularmente en contra de los niños, niñas y adolescentes allí presentes, se requirió información al General de Zona de la Región remitiendo también aquellos antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución que ostenta el mandato legal para evaluar la posible intervención judicial en relación con dicha materia.

Lo anterior se explica porque la Defensoría de la Niñez tiene como uno de sus objetivos hacer presente la obligación de los órganos del Estado de velar por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para evitar posibles vulneraciones a esos derechos, por actos u omisiones de las entidades que tienen la obligación de protegerlos.

Por otra parte, la Defensoría de la Niñez se hizo presente en la manifestación del 3 de abril, con el objetivo de constatar en terreno la posible vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes presentes.