A pocas semanas de contar con un anteproyecto para una nueva Constitución, y considerando que, a sólo días de las elecciones de los próximos consejeros y consejeras constituyentes, aún este proceso constituyente no considera de forma explícita los derechos de la niñez y adolescencia y su reconocimiento como sujetos de derecho, la Defensoría de la Niñez se ve en la necesidad de levantar esta alerta y declarar lo siguiente:

La Defensoría de la Niñez, a través de su proyecto Mi Voz en la Constitución, ha emitido una serie de recomendaciones y estándares para la consideración de los derechos de niños, niños y adolescentes en este y el anterior proceso constituyente. Dichos documentos fueron enviados a todos los miembros de la Comisión Experta para su consideración y además fueron expuestos por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, el pasado lunes 24 de abril ante la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos.

Entre dichos documentos destaca el estudio en el que entrevistó a 47 expertos(as) internacionales y nacionales para identificar los elementos sociales y jurídicos relevantes para la incorporación del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en una Constitución. Ello incluye a 16 expertos(as) internacionales de ocho países, que fueron entrevistados sobre procesos y derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes en Irlanda, Noruega, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Sudáfrica.

Dicho estudio demuestra lo crucial que resulta la aplicación del enfoque de derechos de forma transversal en la norma constitucional, considerando a la niñez y adolescencia como un grupo prioritario y enfatizando la obligación que tienen los Estados de respetar, proteger y cumplir sus derechos, tal como lo establece, desde el 15 de marzo de 2022, la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En todas aquellas recomendaciones y estudios se detallan una serie de consideraciones, de las cuales la Defensoría de la Niñez estima, como mínimos esenciales, en base a los compromisos que ha adquirido el Estado de Chile en tratados internacionales, reconocer explícitamente a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, la consagración de sus derechos y del sistema de garantías a nivel constitucional y el establecimiento expreso de su derecho a la participación.

En esa misma línea, la Defensoría de la Niñez coincide con lo planteado a la Comisión Experta por la agrupación de más de 90 organizaciones de la sociedad civil, bajo el nombre de Pacto Niñez, quienes enfatizan siete puntos cruciales:

1. Reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2. Consagración de sus derechos y principios.
3. Constitucionalización del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la niñez y adolescencia.
4. Rol de Garante principal del Estado: el Estado debe asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adoptando medidas para aquellos que requieran apoyos especiales.
5. Derecho a vivir en familia.
6. Derecho a una vida libre de violencia.
7. Consagración de la institución de la Defensoría de la Niñez y su carácter de organismo autónomo.

De esta forma, la Defensoría de la Niñez, en cumplimiento de su mandato legal de “emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños” (ley 21.067, artículo 4), hace un llamado a la Comisión Experta y a los(as) candidatos(as) a consejeros(as) constitucionales, a incorporar las recomendaciones remitidas y expuestas en la propuesta constitucional, integrando una visión de presente y futuro para la niñez y la adolescencia en Chile.

Sólo reaccionar frente a afectaciones de niños, niñas y adolescentes ante un desastre natural, hecho delictual o vulneraciones graves, no es suficiente, ellos y ellas merecen garantías y una protección integral siempre. Por eso es necesario ser enfáticos: esta es una oportunidad única para incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la Constitución, que permita que su reconocimiento permee todo el quehacer familiar, social e institucional del país, poniéndoles en el centro de nuestra preocupación y acción de manera prioritaria y reforzada como merecen.