Este miércoles se dio a conocer el requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, quienes pretenden impugnar la ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, recientemente aprobada en tercer trámite constitucional, tras casi seis años de tramitación en el Congreso. Ante este hecho, como Defensoría de los Derechos de la Niñez, declaramos:

1. Es lamentable e incomprensible que, transcurridos más de 30 años de ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado de Chile, se siga intentando frenar el saldo de la deuda que tenemos como país con niños, niñas y adolescentes, impidiéndoles ser reconocidos y tratados como sujetos de derecho. El Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia es una ley marco urgente e imprescindible para que las políticas públicas se construyan con un enfoque integral, transversal y concreto, en cumplimiento de los estándares de derechos humanos establecidos en la Convención, y con un foco centrado en la prevención de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes, promovido a través del trabajo directo con ellos, ellas y sus familias.

2. Al igual que en el lamentable, y también incomprensible, anuncio de veto presidencial a esta ley, en el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional este grupo de congresistas busca eliminar el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, al que pretenden plantear, falazmente, como un ataque a los derechos y deberes de los padres, principio clave de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya nos resulta de obligatorio cumplimiento en razón de las obligaciones adquiridas en la ratificación de dicho tratado. Como Defensoría de la Niñez, nuevamente, somos enfáticos en aclarar esto: los principios de autonomía progresiva, participación efectiva y el derecho deber preferente de los padres y/o madres a educar a sus hijos e hijas no son contrapuestos, sino que están completamente interrelacionados y son complementarios. Para el óptimo desarrollo e independencia gradual de un niño, niña y adolescente, es necesaria la guía y apoyo de sus padres o cuidadores, y este proyecto de ley así lo afirma, fortaleciendo esa complementariedad al concebirlos como elementos centrales para el desarrollo integral y armonioso de ellos y ellas y generando mecanismos efectivos para el apoyo y trabajo directo con sus familias.

3. Sobre la impugnación que pretende el requerimiento a la inclusión en esta ley de una educación sexual integral, laica y no sexista, una vez más los requirentes incluyen argumentos que no se condicen con la realidad. Esta ley se refiere a estas dos características como estándar educativo formal, asegurado por parte del Estado para todos los niños, niñas y adolescentes del país, considerando su diversidad y respetando los derechos a su propia cultura y creencias. La ley no se opone de ninguna forma al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, sobre todo considerando que parte fundamental de su educación se da en el núcleo de sus familias, por lo que las dimensiones morales y religiosas, seguirán siendo parte de este derecho. Además, se debe considerar que no todos los niños, niñas y adolescentes viven con sus familias, algunos de ellos y ellas están bajo el cuidado del Estado, quien debe garantizarles también una educación integral.

4. Ante la gravedad que representan estas acciones, que contrarían el deber de tener como consideración primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes, no desistiremos en nuestro llamado, que venimos realizando retiradamente desde nuestro nacimiento como institución, a todas las autoridades del Estado, especialmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo: es urgente poner en el centro de sus acciones, de manera real y efectiva, los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, evitando seguir impidiendo y/o retrasando su reconocimiento, trato y resguardo como sujetos de derecho, al privilegiar posiciones de grupos de adultos interesados que han impedido, año tras año, que este sistema de garantías, tan urgente como necesario, sea una realidad en nuestro país.