Tras la información aparecida en diversos medios de comunicación respecto de la detención de dos ex trabajadoras de una residencia para niños, niñas y adolescentes, administrada por el Municipio de Freirina en conjunto con el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y que habrían sustraído pan destinado a los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, como Defensoría de la Niñez señalamos que:
Una vez conocidos los hechos tomamos contacto con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y la Municipalidad de Freirina, y corroboramos que estos hechos obedecen no solo al hurto de pan, sino también de acciones reiteradas de hurto tanto de frazadas, ropa, zapatillas y otras comidas destinadas a niños y niñas bajo cuidado del Estado.
Que se nos ha informado que al tomar conocimiento de estas sustracciones, se desvinculó a las dos trabajadoras. No obstante, como Defensoría de la Niñez hemos realizado gestiones para asegurar que el Servicio de Protección Especializada adopte todas las medidas necesarias para cubrir las necesidades de alimentación y mercadería para los niños y niñas de la residencia.
Más allá de las decisiones adoptadas en el contexto del proceso judicial, así como de las acciones adoptadas tanto por el Municipio, como por el Ministerio Público respecto de las ex trabajadoras de la residencia, como Defensoría de la Niñez somos enfáticos en señalar que la sustracción de alimentos, víveres, o bienes de cualquier naturaleza desde un espacio destinado a la protección de niños y niñas, constituye una grave vulneración a sus derechos, afectando de manera evidente su bienestar y los procesos de reparación en que ellos y ellas se encuentran.
Por lo anterior, manifestamos nuestro respaldo a las denuncias realizadas en este caso las cuales obedecen al cumplimiento de obligaciones legales que deben adoptar las instituciones públicas cuando se toma conocimiento de la comisión de delitos, más aún cuando estos afectan a niños, niñas y adolescentes.
El Estado de Chile, como garante de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, es el principal responsable de resguardarlos y protegerlos. Por ello, la función pública conlleva un compromiso irrestricto con la niñez, tal como lo dispone la Ley N° 21430 sobre Garantías y Protección Integral, cuyo fin es el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos para este grupo.
