• El sistema residencial ha presentado diversos problemas de sobreocupación y licitaciones sin mayor participación. Por otra parte, existe un aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes ingresados a protección especializada y cuidado alternativo. En ese contexto, la Defensoría de la Niñez presenta un estudio que analiza el modelo de provisión actual para los centros residenciales y entrega recomendaciones para que sea modificado según un enfoque de derechos humanos y con capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales.

Santiago, 10 de abril de 2025.- A cuatro años de la ley que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) y que encomendó el rediseño de su oferta programática, la Defensoría de la Niñez publicó un estudio llamado “Modelo de provisión de centros de cuidado alternativo residencial: hacia un enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia”, que entrega un análisis del modelo con el que el Servicio realiza la acreditación, licitación, financiamiento y supervisión técnica de los centros residenciales, y además, proporciona una serie de propuestas para transitar de un modelo basado en una aplicación extrema del principio de subsidiariedad a uno con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia.

En la publicación se señala que la creación del servicio se realizó con el compromiso de reformular su oferta programática en su propia implementación, lo cual impidió tener claridad sobre qué cambios eran necesarios en la forma de organizar y proveer las prestaciones para poder avanzar hacia un modelo con enfoque de derechos. Por eso, el estudio indaga en cómo se proveen estos centros residenciales, en lo esencial: ¿cómo se organiza su disposición en los territorios?, ¿cómo se planifica?, ¿cómo se responde a las necesidades de cobertura y sus cambios?, ¿qué herramientas existen para controlar la calidad?, ¿cómo se financian?, etc.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, explicó sobre las razones de la institución para ahondar en el modelo de provisión “Somos testigos de cómo actualmente, y a pesar de contar con un nuevo servicio que reemplazó al Sename, estamos experimentando una crisis en la respuesta del sistema residencial, con diversos problemas de sobreocupación y licitaciones sin mayor participación. Esto está generando un problema grave para la implementación de los nuevos estándares de las residencias familiares, ya que, además, existe un aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes ingresados a protección especializada y a cuidado alternativo”, y agrega que hay regiones especialmente afectadas con dicho contexto, como Tarapacá, por ejemplo, en que las cifras de sobreocupación llegan al 100%, según datos del Poder Judicial.

Dentro de las conclusiones, el estudio destaca algunos avances positivos, sobre todo en materia de supervisión. Sin embargo, el documento evidencia la persistencia de variados elementos de aplicación e interpretación extrema del principio de subsidiariedad, los que persisten y continúan desde el Sename. La Defensoría de la Niñez visualiza, además, la predominancia que tiene el factor de disponibilidad en las decisiones de formas de provisión, la rigidez organizativa y el sistema de financiamiento, que además son dicotómicas y poco flexibles, en un sistema que ya presenta alta inflexibilidad y poca capacidad de respuesta.

En el ámbito de las recomendaciones, el documento plantea diversas modificaciones en el modelo de provisión, en base a una gestión del cambio progresiva, con participación social y de niños, niñas y adolescentes, y debidamente informada a los nuevos y actuales actores involucrados.

Para analizar el modelo actual, un equipo de las unidades de Protección de Derechos y de Estudios de la Defensoría de la Niñez realizó entrevistas semiestructuradas a profesionales del servicio y a un a grupo focal de la Mesa de Residencias. En términos cuantitativos, se analizaron diversos datos abiertos, así como proporcionados por SPE en base a la solicitud regular de datos que realiza el Observatorio de Derechos de la institución.

Los cambios propuestos son a nivel normativo, administrativo, presupuestario y programático. A nivel normativo se destaca la revisión de una serie de conceptos que utiliza la ley, el financiamiento completo de estándares de calidad (eliminando el concepto de aporte económico), la inclusión de diversas técnicas licitatorias o la creación de un sistema que permita una mejor coordinación de los actores que tienen funciones de control o supervigilancia en materia de cuidado alternativo, entre otras. A nivel administrativo, entre varias, se recalca la importancia de crear un sistema de identificación de prácticas efectivas.

Se puede leer el documento completo aquí: bit.ly/3Ek0v5g

Foto: Radiosantamaria.cl