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Entre las diversas labores que cumple nuestra unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial, se encuentra la ejecución de las acciones judiciales que emprende la Defensoría de la Niñez por casos de vulneraciones de derechos, cuyos alcances y limitaciones están regulados por la ley 21.067.
El 3 de noviembre dicha unidad interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de 534 niños y niñas migrantes, que viven en la comuna de Quilicura, y cuyos derechos fueron vulnerados al no pueden acceder a beneficios, programas y/o prestaciones sociales otorgados por ley, por no poder acceder al Registro Social de Hogares, dada la condición de irregularidad en la que se encuentran sus padres. La acción constituciones se interpuso en contra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de Evaluación Social, la Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría de Servicios Sociales, y su Seremi de la región Metropolitana, solicitando que adopte todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, asegurando la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.
Por otra parte, dos graves hechos de connotación pública originaron la presentación de dos querellas criminales. La primer de ellas se interpuso el 16 de noviembre ante el Juzgado de Garantía de Cañete por el delito de homicidio, en grado frustrado, en contra de todos los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Armada de Chile que resulten responsables por las lesiones provocadas a adolescente de 15 años, que el día 3 del mismo mes recibió disparos, sin justificación alguna. Dichos disparos se ejecutaron directamente en contra de la camioneta en que se movilizaba, resultando él herido gravemente en su rodilla izquierda, y terminando con la vida a otro de los pasajeros adultos que se encontraba en el vehículo.
La segunda de las querellas se presentó en el Juzgado de Garantía de Rancagua, por los delitos de parricidio consumado, cuya víctima es una niña de tres años, y por parricidio frustrado, cuya víctima son una niña de 8 y otro niño de 12 años. La acción judicial se interpone en contra de la madre de los niños, quien el 30 de noviembre, mediante heridas cortopunzantes en sus cuellos, provocó la muerte de su hija de 3 años, hirió gravemente en su cuello a su hijo de 12 años (quien se encuentra con riesgo vital), no alcanzando a herir a su tercera hija de 8 años, quien logra esconderse en el baño del domicilio.
