• El informe, presentado esta mañana en un seminario conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales, analiza la situación actual y pone énfasis en la urgencia de construir memoria y reconocer la verdad de las víctimas, en lugar de centrarse solo en narrativas criminalizadoras de la manifestación social.

Santiago, 22 de octubre de 2024.- Este martes, y tras cumplirse cinco años del inicio del estallido social, la Defensoría de la Niñez da conocer su “Informe de seguimiento de recomendaciones sobre verdad, justicia, reparación con garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social”. Esta publicación fue presentada en el contexto del seminario “Problemas y desafíos de la justicia y reparación de las vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social», espacio convocado en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Diego Portales.

“En el contexto de estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, se vulneraron grave y sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. A cinco años, se advierten escasos avances y un estancamiento en la agenda estatal en las materias de verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición, hacia las víctimas del actuar estatal, quienes, a la fecha, en su mayoría son jóvenes y adultos”, comienza afirmando el informe.

Uno de los temas que más destaca el informe es el estancamiento en políticas públicas en la materia: “la revisión de los informes previos vuelve a poner de manifiesto que, pese a las declaraciones del Gobierno que aseguran el compromiso con el respeto de los derechos humanos, las víctimas denuncian no haber obtenido verdad, justicia y reparación frente a lo vivido. Lo que ha significado una invisibilización, falta de reconocimiento y una nueva vulneración para las personas directamente afectadas y sus familias”, señala el documento.

“Una de las mayores pruebas del poco avance es que el balance que presentamos este 2024 no es sustancialmente diferente al de años precedentes, por tanto, es urgente pensar en las implicancias de la omisión y/o de acciones de carácter parcial, en la garantía de los derechos de verdad, justicia y reparación hacia víctimas de violaciones a sus derechos humanos, considerando los impactos en su desarrollo y trayectorias de vida”, explica el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille. Dicha responsabilidad, agrega, debe ser asumida por el Estado, particularmente, garantizar la no repetición, para que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de hechos.

Detalles del informe

Respecto a los datos, la Defensoría de la Niñez destaca en el ámbito Justicia, que, según lo informado por el Ministerio Público, existen 1.553 niños, niñas o adolescentes víctimas. De ellos el 92% eran adolescentes entre 14 a 17 años y 8% entre los 13 y 0 años. Así, es posible identificar víctimas en todos los rangos etarios, incluso en primera infancia. Además, existen 1.782 causas respecto a hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

En cuanto al ámbito de Verdad, la institución insiste en la relevancia de contar con una instancia especializada referida a violencia institucional con enfoque de derechos de niñez y adolescencia que aborde las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social tal como una Comisión de Verdad, entendida como mecanismo extrajudicial, complementario y no excluyente de los mecanismos judiciales, para el esclarecimiento total de dichas violaciones.

En relación a la Reparación, el informe advierte la ausencia de una política de reparación integral, que contemple a la base un catastro de víctimas y que aborde manera integral y particular a cada víctima de derechos humanos en contexto de estallido social. Y respecto de la Garantías de no repetición, la Defensoría apunta a que sigue pendiente la reforma a las Policías. 

Finalmente, la institución respecto de los efectos del estallido social, hace un llamado a abordar con urgencia el fenómeno de la revictimización y la estigmatización a las víctimas. Esto se traduce en una falta de reconocimiento del sufrimiento, así como en la imposición de etiquetas negativas que derivan en una criminalización de la manifestación social.

Para conocer el detalle del informe puedes acceder en este link https://www.defensorianinez.cl/informe-verdad-justicia-reparacion/