La Defensoria de la Niñez condena rotundamente todos los hechos de violencia que están ocurriendo en la Región de la Araucanía, y manifiesta su preocupación por la persistente incapacidad del Estado de Chile de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo mapuche, condenando, además, todo acto de racismo que atente directamente contra ellas y ellos, en tanto pertenecientes a ese pueblo indígena.

Todo hecho de violencia debe ser investigado, perseguido y sancionado penalmente, con pleno resguardo a los derechos humanos de los involucrados, y lo debe ser sin discriminación alguna, demostrando el Estado que, a través de sus diversos órganos, respeta, de manera irrestricta, los derechos humanos de todas las personas que habitan el país, sin discriminación alguna en el ejercicio de la persecución penal.

La Defensoría de la Niñez espera que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Fiscalía de la Región de la Araucanía, den cuenta al país de cuántas personas detenidas existen por haberse reunido, en las afueras del Municipio ilegalmente tomado, infringiendo el toque de queda, las normas sanitarias, la ley de control de armas y vociferando gritos racistas y discriminatorios contra el pueblo mapuche, respuesta imprescindible para que las instituciones involucradas demuestren, con contundencia y claridad, que no están siendo discriminatorias al momento de ejercer sus funciones constitucionales y legales.

El Estado de Chile, a través de todos sus órganos, debe contribuir, promover y lograr la unidad y la paz en la Región de la Araucanía, no favorecer ni agudizar la existencia de conflictos que, además, se propicien entre los propios ciudadanos y ciudadanas de las comunas de la Región, su deber es el de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, debiendo demostrar que su actuación no es discriminatoria y que no se protege a unos por sobre otros.

Urge que la grave situación que se vive en la zona sea abordada por el Poder Ejecutivo cumpliendo las exigencias que imponen los estándares internacionales de derechos humanos a los que Chile se ha obligado, y es ese deber del Estado el que como Defensoría de la Niñez seguiremos demandando, a través del ejercicio de las facultades que nos otorga la ley, desplegadas en la Región, velando y exigiendo que se respete y garantice, a los niños, niñas y adolescentes mapuches, el ejercicio efectivo de todos sus derechos humanos, y que el Estado cumpla con su deber de brindarles protección reforzada, conforme a las exigencias debidas, erradicando espacios de vulneración como los que hasta ahora han debido sufrir.