Los niños necesitan, y merecen, un cambio real. Y el tiempo es hoy.

Cuando el Estado de Chile se compromete, a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo y luego de un extenso debate democrático en el Congreso Nacional, representante de la soberanía de nuestro pueblo, a crear la Defensoría de los Derechos de la Niñez, lo hace, entendemos, con la firme convicción y compromiso público de que esta nueva institución cumpla, de manera oportuna y eficiente, cada una de las funciones que dicha definición, democrática insisto, ha querido entregarle.

Sin embargo, a un año de iniciadas las funciones de la Defensoría de la Niñez, la definición presupuestaria para el año 2020, planteada por el actual Gobierno, lamentablemente expone a la institución que dirijo a la imposibilidad de ejecutar sus funciones.

Impide así actuar en favor de quienes ha declarado «poner primero», de trabajar por, para y con más niñas, niños y adolescentes de nuestro país, en la tan necesaria como urgente promoción y difusión de sus derechos, y de trabajar, con aún más profundidad, por, para y con estos en la protección efectiva de sus derechos humanos.

Los niños siguen viendo cómo, a pesar de algunos innegables avances, de los discursos rimbombantes, de los acuerdos nacionales transversales y de cortes de cintas con mucha cobertura comunicacional, sus vidas se ven truncadas por la carencia en sus familias de las herramientas que les permitan protegerles.

Sus vidas se ven truncadas por un Estado que, no brindándole el apoyo que requieren a estas familias, sin estigmatizarlas, ingresa a sus casas con arrojo y decisión y se apropia, bajo la promesa de suplir eficientemente su función, del cuidado y protección de la vida de muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país, de demasiados que hoy, a pesar de la contundente declaración del Comité de los Derechos del Niño de llevar más de 40 años sufriendo violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, que parecemos convenientemente olvidar, siguen viviendo esa realidad.

Nadie dijo que esta inédita labor en nuestra historia republicana sería fácil. La Defensoría de la Niñez de Chile inicia su historia, insisto, por, para y con los niños, niñas y adolescentes de Chile, y debe contar no solo con el apoyo inicial, que todos los representantes de los poderes del Estado brindaron a su creación sino que, fundamentalmente, con el soporte concreto y real, presupuestario y humano.

El objetivo es llegar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, sin distinción ni discriminación alguna, sin consideraciones y etiquetas que los ponen en veredas contrarias o los clasifican entre “niños buenos” y “niños malos”, muchas veces utilizadas en la arena política.

Sin estigmatizaciones injustas y violentas, el Estado debe comprender que solo son niños, niñas y adolescentes, sin apellido, y que esa sola condición nos obliga a responderles con sentido de urgencia y con respeto a su calidad de sujetos de derecho.

Es ahora donde requerimos que ese potente eslogan de «los niños primero», cobre sentido, dotando de fuerza y capacidad efectiva no solo a la Defensoría de la Niñez, sino también a todas las instituciones cuya función es la debida atención de sus derechos humanos.

Esto exige una fuerza y capacidad efectiva que, en nuestro caso al menos, solo es posible de lograr si contamos con los recursos necesarios para ejercer, debida y rigurosamente, cada una de las funciones que prevé la ley.

Esta es la petición, esta es la queja, hechas desde lo único que sostiene el ejercicio de este cargo. Es por la profunda convicción de que los niños, niñas y adolescentes de Chile merecen una vida mejor y que aquella solo se puede lograr si quienes son responsables de actuar, renunciando a sus intereses personales, políticos partidistas y de cualquier otra índole, ponen efectivamente en el centro de su preocupación y acción los derechos humanos de que son titulares los niños en Chile.

Es necesario observar, recomendar y dar seguimiento, de manera independiente, al comportamiento de los órganos del Estado de Chile, cualquiera sea el gobierno, y trabajar seria y responsablemente por constituirse en un agente de cambio en el país, rompiendo el statu quo que persiste en materia de infancia.

Lograr que estos actúen con urgencia y prioridad en resguardo y restitución de los derechos humanos de este grupo especialmente vulnerable de la población no puede, en una democracia como la nuestra, traer como consecuencia la pérdida o falta de acceso a los recursos necesarios para lograr esos resultados. Esa restricción no resulta tolerable ni comprensible en un país como el nuestro.

Si esta convicción y decidido trabajo, ajeno a las lógicas partidistas y a los binomios gobierno/oposición, es activismo, pues me confieso activista, esta Defensora de la Niñez, y activistas decididos todos los integrantes de su comprometido y esforzado equipo.

Somos activistas de la defensa irrestricta de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile que, desde hace casi 30 años, debieran ser promovidos, difundidos y protegidos por el Estado, conforme a la obligación jurídica que adquirió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

A pesar de ello, siguen siendo vulnerados, de manera flagrante e inaceptable, ante la mirada impávida de quienes, debiendo asegurar y/o fiscalizar dicha promoción, difusión y protección, pretenden convertir esta institución autónoma de derechos humanos en una organización silente y cómplice de la inacción estatal o de la letanía indolente de su actuar.

Patricia Muñoz García, abogada y Defensora de la Niñez en la Defensoría de los Derechos de la Niñez de Chile.