La Defensoría de los Derechos de la Niñez, como institución autónoma de derechos humanos y en cumplimiento de su mandato legal de protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país (de acuerdo con la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados ratificados por Chile que se encuentren vigentes), condena, una vez más, la criminalización de los más de 4 mil estudiantes del Instituto Nacional, a través del actuar policial desmedido visto en esta última semana, justificado en la supuesta contención del actuar de un grupo reducido de encapuchados. Dicha criminalización va en desmedro del derecho a la educación de los alumnos, de su honra y dignidad y, también, de su legítimo derecho a la manifestación pacífica de sus demandas estudiantiles.

Así como lo solicitamos formalmente el día 19 de junio a la Fiscalía Nacional, reiteramos la necesidad de un Fiscal exclusivo que dirija de manera efectiva a la policía en la investigación, identificación y persecución penal de los sujetos encapuchados que siguen, sorprendentemente y sin ningún contrapeso institucional, cometiendo delitos que impiden que más de 4 mil niños y jóvenes puedan estudiar y que mantiene atemorizada a toda la comunidad escolar del Instituto Nacional. Resulta imperioso y urgente que se establezcan las responsabilidades penales de los individuos que cometen delitos, separando así aquellos actos delictuales y a quienes los cometen, del estudiantado del Instituto Nacional y sus demandas directamente relacionadas con la educación que reciben en dicho establecimiento, evitando que continúe su criminalización injustificada e indiscriminada.

Dentro de las facultades que la ley le otorga, la Defensoría de la Niñez ha ejercido su facultad de intermediación, con el objeto de acercar a las partes en el conflicto relacionado con las demandas educacionales de los estudiantes, procurando que las autoridades académicas y políticas, responsables de resolverlas aseguren espacios en que los estudiantes sean escuchados y tomados en cuenta, facultad que sigue ejerciéndose desde la convicción de que el problema educacional que enfrenta el Instituto Nacional sólo podrá ser resuelto con la colaboración y participación directa de toda su comunidad escolar, razón por la que en ejercicio de esta función, como Defensoría de la Niñez nos hemos reunido con el Centro de Estudiantes, con apoderados, con Rectoría, el Alcalde y el DEM, la Intendencia y la Superintendencia de Educación, propiciando con cada actor la voluntad de un diálogo y, luego, generando las instancias para la colaboración.

Dentro de ese proceso, parte del equipo de la Defensoría de la Niñez también ha realizado misiones de observación en terreno, con el objeto de verificar, conforme a su deber institucional, algunas denuncias relacionadas con el proceder ilegal de parte de la policía respecto de los estudiantes, realizados en el mes de mayo. En esas tres oportunidades se reunieron testimonios de estudiantes y profesores, no sólo de dicha situación, sino también del clima de violencia que estaban viviendo y cómo éste les afectaba al no encontrar respuesta contra el actuar delictual de los encapuchados. En este sentido, como Defensoría de la Niñez hemos sido tajantes al señalar, en las distintas instancias de intervención en las que se nos ha brindado espacio, incluido el Congreso Nacional, que cualquier acción de despliegue policial debe realizarse conforme a las exigencias que impone nuestra Constitución y la ley, sin discriminación, sin intromisión a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes, sin afectación de la vida e integridad física o psíquica de éstos y, en general, sin restringirles ningún derecho, salvo orden judicial u orden administrativa de las autoridades legalmente facultadas para ello.

En paralelo, y también como parte de una gestión que la Defensoría de la Niñez ha realizado desde su constitución, se ha efectuado un trabajo conjunto y colaborativo con Carabineros de Chile, a través de la generación de una mesa de trabajo y definición de líneas de acción, realizadas junto con el Departamento de Derechos Humanos y la Zona Prevención y de Protección de la Familia de dicho organismo. Desde hace un año se viene desarrollando un proceso de revisión de sus protocolos de actuación, de modo de lograr ajustar, de manera concreta y real, la actuación policial, relativa al uso de fuerza, a los estándares internacionales específicos contemplados respecto de la intervención con niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de cubrir todos aquellos casos en que éstos se pueden ver afectados, sea de manera directa o indirecta, por el actuar policial. Valoramos en este sentido la permanente disposición del General Director y su Alto Mando para poder lograr los cambios que el resguardo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes demanda y exige de la policía de nuestro país.

Respecto de los requerimientos específicos que hemos recibido por el actuar de Carabineros de Chile en el Instituto Nacional, como también en otros liceos, hemos estado en constante coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo facultado por ley para revisar esta temática y también hemos realizado las denuncias correspondientes al Ministerio Público, cuando los hechos que hemos conocido son constitutivos de delito. En este contexto, resulta relevante recordar que la Defensoría de la Niñez no se encuentra facultada para interponer querella respecto de delitos cometidos por funcionarios policiales, asociados al ejercicio de violencia policial, tales como lesiones, torturas, apremios ilegítimos, entre otros, competencia privativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Queremos recalcar, una vez más, que toda actuación estatal debe considerar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que puedan verse afectados. En efecto, cualquier decisión debe estar motivada, justificada y explicada en cumplimiento de su interés superior y de los estándares internacionales mandatados a los Estados para su cumplimiento. Es por eso que esta institución ha señalado insistentemente, que es imperioso que las instituciones responsables de identificar y detener a los sujetos encapuchados, que siguen cometiendo delitos impunemente en el Instituto Nacional, adopten las medidas pertinentes para actuar de manera eficiente y oportuna, impidiendo que estas acciones sigan afectando la vida y la integridad física y psíquica de los más de 4000 estudiantes y de toda esa comunidad escolar, quienes siguen expuestos, de manera intolerable, a una actuación policial que los reprime y violenta sin justificación y que es incapaz de brindarles protección bajo la excusa de actuar en contra de los encapuchados de   que aquellos sean abordados desde el proceso penal.

Finalmente, reiteramos la petición realizada en diversas instancias de participación institucional, mediante la cual solicitamos la  prohibición del uso de disuasivos químicos, en tanto se desconoce su composición y el efecto en la salud de las personas, al menos mientras no se disponga de estudios oficiales de sus efectos en la salud de niños, niñas y adolescentes, toda vez que, como ha quedado de manifiesto, el uso indiscriminado de estos elementos no sólo no ha sido eficaz para lograr que los delitos dejen de cometerse sino que sólo ha dañado física y psíquicamente a quienes pretenden ingresar y estudiar en su establecimiento educacional.