En relación al informe de la Policía de Investigaciones de Chile, sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en residencias de administración directa de SENAME y de sus organismos colaboradores, dado a conocer públicamente este 2 de julio, por el medio de comunicación Ciper, la Defensoría de la Niñez declara lo siguiente:

La información revelada por este informe nos vuelve a enfrentar a la brutal evidencia de la situación que afecta a los niños, niñas y adolescentes que allí se encuentran, situación tan grave como urgente. Una vez más constatamos las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado, situación que ya el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, tras la dolorosa muerte de Lisette en el CREAD Galvarino, había alertado hace sólo un par de meses. A pesar de varias acciones positivas de parte de los poderes del Estado, de los anuncios y proyectos de ley ingresados por el Poder Ejecutivo en este tiempo, vuelve a quedar de manifiesto que, como Estado, no hemos sido capaces de hacer, con la urgencia ética debida, el cambio estructural que permita resguardar, efectivamente, los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes, impactando positiva y concretamente en su bienestar integral. Si los responsables de este cambio siguen trabajando sin atender a las recomendaciones y peticiones que desde esta institución, y desde muchos actores de la sociedad civil se les han formulado, sin realizar las acciones profundas que cambien la estructura de un sistema que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sin el sentido de urgencia que la gravedad de esto amerita, ellas y ellos seguirán siendo víctimas de un Estado que, en vez de protegerlos, les sigue violentando y vulnerando de una manera inaceptable.

Por otra parte, resulta lamentable que, como Defensoría de los Derechos de la Niñez, hayamos conocido la existencia y contenido de este Informe a través de un medio de comunicación y no directamente desde el Ministerio Público. Sorprende que, a pesar de la gravedad y urgencia que revisten los elementos de análisis contenidos en este informe, y encontrándose éste concluido en diciembre de 2018 por parte de la PDI, recién se entregara al Fiscal Regional Sr. Emilfork a fines de abril de 2019 y que, además, la Fiscalía Nacional, teniéndolo a su disposición desde el 6 de mayo no hiciera remisión del mismo, hasta esta fecha, a los organismos competentes para intervenir. Esto, considerando que los antecedentes son, desafortunadamente, muy similares a los conocidos en investigaciones previas, como la del Instituto Nacional de Derechos Humanos o la del propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que revelan una afectación directa y dramática en la vida de los más de 6 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran en residencias de SENAME y de sus organismos colaboradores.

Esperamos que este nuevo golpe de brutal realidad al que nos enfrenta este informe, permita comprender que la vida de los niños, niñas y adolescentes que residen en SENAME y en sus organismos colaboradores no es un tema político, es un tema país, que involucra cumplir, desde un imperativo ético y legal, la obligación del Estado de Chile de garantizarles el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, previniendo, de manera oportuna y efectiva, que éstos les sean vulnerados, obligación que no es una responsabilidad privativa de SENAME, sino que exige una intervención urgente y profunda, como lo hemos requerido insistentemente, al menos de dicho Servicio, de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y Familia, de Salud, de Educación, de Deporte y de Cultura quienes, coordinados como intersector por la Subsecretaría de la Niñez, organismo responsable de dicha función y de la prevención de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile, logren asegurar que la vida, el desarrollo armonioso e integral de todos estos niños, niñas y adolescentes, y el debido resguardo de su interés superior, se está cumpliendo conforme lo comprometido por el Estado de Chile, desde hace casi 30 años, al ratificar la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Como Defensoría de la Niñez, conocido este informe, hemos remitido copia del mismo al Presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para que, en el contexto del seguimiento de la investigación que nuestro país enfrentó en virtud de la aplicación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención, esté en antecedente de la situación que siguen enfrentando los niños, niñas y adolescentes respecto de quienes ellos pudieron emitir su pronunciamiento previamente y, además, estamos determinando qué otras acciones ejecutaremos, con estricto apego a nuestras facultades legales y considerando nuestros limitados recursos institucionales, para colaborar con los organismos y dar seguimiento a la adopción de acciones que se destinen a la modificación estructural que estos niños, niñas y adolescentes requieren y, además, merecen, desde hace al menos 40 años.