La Defensoría de la Niñez, a través de su equipo de Representación Judicial (Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial), presentó el pasado 28 de junio un Amicus Curiae ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en recurso de apelación sobre divorcio por culpa.

La institución decidió presentar dicho informe a la Corte, ya que, dentro de la nombrada causa, en primera instancia se usó como prueba un informe pericial de ADN de una adolescente, hija de los demandantes y demandada, sin garantizar su derecho al debido proceso. En esa línea, la Defensoría de la Niñez considera que el derecho al debido proceso, como parte integrante del derecho a la Tutela Judicial efectiva, es una obligación del Estado y, por tanto, también de los órganos jurisdiccionales, en todos los procedimientos en los que tome conocimiento de situaciones que puedan afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Lo anterior, además, debe tenerse presente aún cuando se trate de procedimientos cuyo objeto y/o causa a pedir no radique directamente en derechos de niños, niñas o adolescentes, como se da en el caso de divorcio que generó el amicus curiae, señala la Defensoría de la Niñez en el mismo. De esta forma, cualquier asunto que pueda significar una vulneración a sus derechos, el/la Juez(a) tiene la obligación, en su rol garante, de pronunciar todas las providencias necesarias que resguarden y eviten una transgresión a estos derechos, los que no pueden quedar supeditados a una situación de hecho.