• Esta semana se votó en la Comisión Especial de Infancia del Senado una modificación a diversos cuerpos legales, en que se aprueba dar un año más a los organismos colaboradores (OCAS) para su reacreditación. Esto implica que estos organismos, a pesar de la vigencia de la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada desde octubre de 2021, Mejor Niñez, sigan sin cumplir con exigencias técnicas y de infraestructura que asegure la debida protección de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado y protección del Estado de Chile.

La Defensoría de la Niñez alertó este viernes, mediante un Oficio dirigido a la Comisión Especial de Infancia del Senado, sobre los riesgos de ampliar el plazo dado por ley para que los organismos colaboradores (OCAS) del Servicio Mejor Niñez puedan reacreditarse, de acuerdo a estándares más exigentes establecidos por la ley que creó este nuevo Servicio, en vigencia desde octubre de 2021. “Atrasar el plazo de reacreditación significa que estos avances sigan sin implementarse, permitiendo que organismos colaboradores que no cumplen con las exigencias que impone el enfoque de derechos humanos sigan atendiendo a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, perpetuándose los antiguos y evidentemente menos exigentes lineamientos emanados del Servicio Nacional de Menores”, apunta el oficio de la institución.

Esta propuesta de ampliación de plazo es de tal relevancia, dice la Defensoría de la Niñez, que “ameritaba un consenso previo entre los actores involucrados para que, coordinadamente y con la seriedad que la materia reclama, se escucharan a todas las partes previa su votación en general y en particular a la vez”. Esto no se hizo, y según lo ya votado y aprobado en la Comisión Especial de Infancia, los organismos colaboradores tendrían hasta octubre de 2023 para la reacreditación bajo los estándares de la Ley N˚21.302, es decir, una gestión que evidentemente es urgente, se realizaría en un plazo de dos años.

En vista que a la fecha no se encuentra ningún organismo colaborador acreditado bajo los nuevos estándares, la Defensoría de la Niñez ve la necesidad de adoptar medidas para asegurar la provisión de oferta de programas de protección especializada, pero se estima que la propuesta tramitada actualmente en el Senado excede los plazos razonables y urgentes que no guardan relación sino con la efectiva y debida protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. “La extensión de plazo debe tener una base clara en la evidencia y, en este sentido, la Defensoría de la Niñez cuestiona que se requiera ampliar el mismo por 12 meses más, siendo que ya se encuentran postulando organismos colaboradores al proceso de reacreditación… Una posible solución podría ser asegurar ese plazo, disponiendo que se contará desde la publicación del reglamento y no de la entrada en vigencia de la ley”, señala el organismo en su oficio.

La Defensoría de la Niñez hace presente al Poder Legislativo que el Comité de los Derechos del Niño concluyó, en su investigación de 2018, que las violaciones graves y sistemáticas en contra de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado se debieron a varias causas estructurales, entre ellas una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema. Para atender estas deficiencias, el Comité recomendó estándares de calidad a los OCAS tanto en el número, como en la cualificación del personal, en la calidad de las instalaciones y en el desarrollo de programas de rehabilitación de los NNA y de trabajo con las familias lo que, hasta esta fecha, sigue sin ejecutarse de manera estructural como la vida e integridad física y psíquica de esos niños, niñas y adolescentes demanda.

Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, resalta que como institución participaron en la tramitación de la ley N˚21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, instancia en la que, de manera permanente, abogaron por cambios estructurales en la relación con los organismos colaboradores. “En este oficio le hacemos presente a la comisión del Senado que, si bien en la nueva ley no se lograron incorporar cambios estructurales al financiamiento como el Comité recomendó, sí existe un claro avance en la incorporación de nuevos requisitos de acreditación, como demostrar altos estándares de gestión institucional, contar con modelos de supervisión para prevenir delitos, contar con equipo interdisciplinario, condiciones de bienestar ocupacional, personal especializado, entre varios otros. Eso es lo que se comprometió con esta ley, por eso no es posible prolongar en demasía el plazo de reacreditación: es urgente que todas las OCAS cumplan con el deber de demostrar que cumplen esos nuevos requisitos, porque aquello influye directamente en la calidad de cuidado de los niños, niñas y adolescentes que hoy están bajo su protección”, indicó la Defensora de la Niñez.

Finalmente, el Oficio de la Defensoría de la Niñez recomienda al Poder Legislativo que se le exija al Servicio de Protección Especializada y la Subsecretaría de la Niñez, ambos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la presentación de un calendario que planifique, “de manera precisa y detallada, y en el más breve plazo, la gestión del proceso de reacreditación para que concluya con éxito. Es preciso que se adopten todas las medidas necesarias para que la situación en que nos encontramos hoy, no se repita meses después, pues está en juego la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”.