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Jueves 23 de junio de 2022.- La Defensoría de la Niñez envío esta mañana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una Solicitud de Medidas Cautelares a favor de los 13.382 niños, niñas y adolescentes habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, debido a los constantes episodios de contaminación en la zona que les intoxican y vulneran sus derechos humanos, que ocurren desde hace años pero que se han intensificado severamente las últimas semanas, situación que esta institución califica como “grave y urgente”.
“Dado que ya existe una sentencia de la Corte Suprema de 2019 al respecto, que aún no ha sido cumplida en su totalidad, con esta acción internacional buscamos que por fin el Estado de Chile despliegue todas las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la salud, la educación, la vida familiar, vivir en un medioambiente libre de contaminación, de los niños, niñas y adolescentes de la zona”, advirtió la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, agregando que el cierre de la refinería Ventanas es un paso necesario que la institución valora, pero que se requieren más medidas en el mismo sentido.
Sólo durante este último mes, aproximadamente 400 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por los episodios de intoxicación, a causa de la actividad industrial y minera de la zona, señala la institución en su solicitud a la CIDH, agregando que “siendo alumnos de los jardines infantiles, escuelas y colegios de las comunas, han debido suspender su asistencia a clases (…) han debido restringir el ejercicio de sus derechos por las resoluciones administrativas que así lo han dispuesto”.
En la solicitud se enfatizan al organismo internacional los antecedentes del “contexto estructural de vulneraciones de derechos humanos a los niños, niñas y adolescentes”, es decir, el largo tiempo que se ha producido esta situación de contaminación, sin soluciones concretas que aseguren los derechos de niños, niñas y adolescentes de esta zona de sacrificio.
La Defensoría de la Niñez informa a la CIDH que existe una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, dictada en el mes de mayo de 2019, que acogió un recurso de protección presentado por dicha entidad en conjunto con diversos actores de la sociedad civil y el INDH. En ella, la Corte Suprema declaró que el Estado de Chile era responsable de los hechos referidos en la acción constitucional, y señaló que “el Estado no puede propender a un desarrollo económico abandonando su rol garante de los derechos constitucionales y así, su deber de protección a la población y la familia y promoción del bien común”. Por esa razón, ordenó la realización de 15 medidas, algunas de ellas sujetas a plazo determinado, otras a condición para su ejecución. Sin embargo, estas medidas no se han cumplido, y actualmente hay tramitación pendiente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que no se decrete el archivo de los antecedentes, lo que daría como “cumplida” la sentencia, a pesar de lo evidente que resulta que dicha resolución no ha sido aplicada por el Estado de Chile.
Además, entre los antecedentes remitidos a la CIDH, la Defensoría de la Niñez incluye el estudio que realizó, en 2018, sobre la “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví”, y el último Oficio enviado al Ministerio de Salud, en marzo de este año, en el que le pide antecedentes específicos sobre niños, niñas y adolescentes afectados por últimos episodios de intoxicación, información sobre las medidas adoptadas, las acciones para constatar niveles de contaminación y la protección de la salud de ellos y ellas, el que hasta la fecha no ha sido respondido.
Finalmente, la solicitud de medidas cautelares, fundadas en la urgencia y gravedad de os hechos, se fundamenta en la necesidad “de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes como sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, debido a la contaminación diaria del medio ambiente de las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví y Ventanas”, por lo que se solicita a la CIDH la decisión de la petición que permita disponer “con urgencia, todas aquellas medidas que tutelen los derechos humanos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes habitantes de la zona afectada y, entre otras, ordene al Estado de Chile la inmediata determinación epidemiológica de enfermedades de los niños, niñas y adolescentes de la zona, la determinación científica precisa de todos los compuestos químicos contaminantes (sean que estén regulados o no) y su efecto en la salud de los niños, niñas y adolescentes, así como ordenar al Estado de Chile la inmediata paralización de la actividad industrial en la zona durante el tiempo que sea necesario para, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tutelar el ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de la zona”.
